Miles de discapacitados y cuidadores, en la estacada por los impagos de la Junta

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La administración andaluza debe 35 millones de euros

Las asociaciones andaluzas de ayuda a discapacitados intelectuales se encierran para denunciar el impago de las ayudas que las mantienen a flote.

«La cuerda no se puede romper por los más débiles», dice, implora Mercedes Antúnez, directora del centro de ayuda a discapacitados 'Mater et Magistra'. Sus cien trabajadores, que atienden a 150 personas, llevan sin cobrar desde marzo, lo mismo que los proveedores, porque la Junta de Andalucía no paga las ayudas que lo mantiene. La residencia, el comedor, los talleres, el centro de estancia diurna, todos los servicios que presta sobreviven gracias sólo ya a la buena voluntad del personal y de los proveedores, que siguen yendo a trabajar y a repartirles provisiones sin saber cuándo cobrarán.

«Si la Junta no tiene liquidez, yo menos», se lamenta la directora, agobiada por los dramas de cada uno de sus empleados, acuciados por sus propias deudas domésticas con los bancos. Explica que la solución no es pedir a los padres que paguen más para compensar la crisis, porque en muchos casos también ellos están en paro o son ancianos y sólo cobran una exigua pensión.

La dramática situación de la asociación sevillana 'Mater et Magistra', cuyo centro está al lado del cementerio de San Juan de Aznalfarache, no es un caso aislado sino la norma de los 540 centros de la Confederación Andaluza de Organizaciones pro Personas con Discapacidad Intelectual de Andalucía (Feaps), a los que, recuerda Antúnez, la Junta (a través de programas de las Consejerías de Empleo y de Salud y Bienestar Social, principalmente) debe unos 35 millones de euros. El problema es enorme porque estos centros atienden a más de 20.000 personas y dan empleo a unos 8.500 trabajadores.

Feaps ha convocado para este sábado un día de encierro en los centros asociados para reclamar al gobierno andaluz que salde la deuda ya y, al menos, establezca un calendario de pagos.

Como botón de muestra de otros cientos de casos similares, Mercedes Antúnez explica que a 'Mater et Magistra' la Agencia Andaluza de la Dependencia les adeuda más de medio millón de euros desde marzo, más un 20% del año pasado. Precisa que los usuarios ya están pagando por su plaza. La Junta les retiene mensualmente un 75% de sus pensiones de discapacidad, mientras que el 25% restante («entre 80 y 135 euros») es lo único que les queda a ellos para sus pequeños gastos cotidianos.

La directora no entiende cómo les han dejado de pagar, si se supone que estas ayudas estaban ya consignadas en el presupuesto del año. «¿Dónde está ese dinero? Que no haya dinero para una reforma, vale; que no haya dinero para un viaje, vale; ¡pero el mantenimiento no se puede tocar!».

El problema no es que los trabajadores cobren demasiado: sus salarios no llegan a mileuristas. Oscilan entre 600 y 900 euros, detalla la directora. Sueldos baratos con los que el Estado ahorra, al no tener que prestar directamente esta atención a costes más elevados.

Trabajando sin ver un euro

Otro ejemplo de impago es el que sufren los centros especiales de empleo, que, como el de la Fundación Albatros de Sevilla, integran laboralmente a discapacitados intelectuales que, si no fuera por ellos, se quedarían en la estacada, sin acceso al sector público y privado. Albatros, explica su coordinadora, María José García Urbina, tiene contratados a cinco hombres y una mujer en tres quioscos en la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo Olavide.

Pero llevan meses sin cobrar sus nóminas (900 euros por jornada completa según el convenio del comercio), y alguno no ha visto un solo euro en todo 2012, debido a que la Consejería de Empleo no les paga desde 2009 las ayudas al empleo de unos 3.000 euros anuales por trabajador a las que se comprometió, y en 2012 ni siquiera se han convocado. «Nos adeudan más de 30.000 euros». Como las ventas caen mucho en época de vacaciones, necesitan esas ayudas para rentabilizar los puestos.

Están pensando cerrar, dice María José García. Pero el drama es tan agudo que los padres le han dicho a la asociación que prefieren que sus hijos sigan trabajando aunque sea sin cobrar, a la espera de que la Junta abone las ayudas, a que se queden en casa: discapacitados, parados y sin futuro.

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